El proyecto de Ley de Servicio de Energía Eléctrica, cuya discusión en la Asamblea Nacional había avanzado hasta el artículo 95, incorpora la participación privada en el sector, pero mantiene disposiciones que podrían dificultar el financiamiento de nuevos proyectos y la recuperación de la infraestructura eléctrica, advirtió el ingeniero y exdiputado Elías Matta.
En un análisis publicado el 6 de noviembre en su cuenta de X, Matta reconoció como avances la apertura de la generación, distribución y comercialización a empresas privadas, el establecimiento de tarifas basadas en costos reales y la identificación del subsidio en las facturas. También destacó la creación de una Superintendencia reguladora, la posibilidad de contratación directa para grandes consumidores y las concesiones de hasta 25 años.
No obstante, advirtió que el proyecto no establece plazos ni consecuencias si el Estado incumple el pago de los subsidios. “Un subsidio que no se paga es una deuda que termina en apagones”, afirmó.
El especialista también cuestionó la independencia de la Superintendencia, debido a que el presidente de la República podría nombrar y remover libremente a todos sus directivos. “Un regulador que puede ser destituido con una llamada no es un regulador: es una dependencia del ministerio”, sostuvo.
Otro de los puntos señalados es el destino de los activos al finalizar una concesión. Según Matta, estos pasarían a Corpoelec sin compensación y libres de gravámenes, incluso si el Estado rescinde el contrato unilateralmente. A su juicio, esa disposición debilita las garantías necesarias para obtener financiamiento bancario.
En materia contractual, cuestionó que el arbitraje sea opcional y que el texto no mencione el arbitraje internacional. También señaló que el proyecto no contempla un mercado mayorista con precios de referencia ni pagos por capacidad, mientras el despacho eléctrico dependería del mismo ministro que tutela a Corpoelec.
Matta advirtió, además, que el Estado podría reservarse circuitos de distribución bajo la categoría de estratégicos sin criterios definidos. A esto sumó la ausencia de reglas para incorporar capital privado a las plantas y redes existentes, así como de una metodología que establezca la moneda, la indexación y el cálculo de la rentabilidad de las inversiones.
Entre las disposiciones que considera más delicadas figura el artículo 112, que, según su análisis, establece penas de entre ocho y 16 años de prisión por revelar secretos relacionados con la seguridad del sistema eléctrico, sin definir qué información se considera secreta. “Puede usarse contra quien informe sobre las fallas”, alertó.
Por su parte, el medio Banca y Negocios recoge cuestionamientos de especialistas, ingenieros y legisladores sobre el alcance de la consulta pública, que habría dado espacio limitado a colegios profesionales, gremios técnicos y comunidades afectadas por las fallas del servicio. También menciona advertencias sobre un posible encarecimiento drástico de las tarifas para los usuarios finales.
“La ley va en la dirección correcta, pero se queda a mitad de camino”, resumió Matta, quien propuso corregir los aspectos cuestionados mediante el reglamento y una pronta reforma legal. A su juicio, sin garantías para los inversionistas, la apertura del sector corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones.
1/ 14🧵 La Asamblea aprobó ayer hasta el artículo 95 de la reforma de la ley eléctrica. Faltan 24 y todo indica que saldrá tal como fue presentada, sin cambios de fondo. Lo bueno de la ley y lo que puede impedir que sea un verdadero avance 👇
— Elías Matta W. (@EliasMattaW) November 6, 2026
