La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en segunda discusión, la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Eléctrico Nacional, un instrumento que incorpora la participación del sector privado en la generación y comercialización de electricidad, establece un esquema de tarifas indexadas con subsidios para usuarios de menores ingresos y crea una Superintendencia encargada de regular la actividad. La normativa entrará en vigencia una vez sea publicada en Gaceta Oficial.

Durante una rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que uno de los principales objetivos de la reforma es ampliar la capacidad de suministro mediante la incorporación de operadores privados al sector eléctrico, bajo un marco regulatorio definido por la ley.

«Va a permitir la incorporación de la prestación privada del servicio. Es decir, que pueda darse la autogeneración, que un privado genere electricidad y pueda proporcionar, a cambio de una tarifa establecida, proporcionársela a empresas, a industria, a centros comerciales», afirmó.

Rodríguez agregó que la legislación también permitirá que operadores privados importen electricidad desde países vecinos para suministrarla a usuarios, siempre bajo el régimen tarifario previsto en la ley.

«Un privado que importe electricidad de algún país vecino y pueda él, importando esa energía eléctrica, proporcionárselo a un usuario, a una usuaria, a una tarifa que está convenida en la ley también», señaló.

En materia tarifaria, el presidente del Parlamento confirmó que el servicio eléctrico estará indexado a «la moneda de mayor valor», aunque precisó que el nuevo esquema contemplará subsidios para las personas cuyos ingresos no les permitan asumir una tarifa plena.

«Sí, van a estar indexadas a la moneda de mayor valor, pero también con un régimen de subsidios, sobre todo aquellas personas que por razones de su nivel de ingreso no puedan pagar una tarifa plena como sí la pueden pagar los industriales o como sí lo pueden pagar aquellas personas que tienen actividades comerciales», declaró.

   

Rodríguez no detalló los montos que tendrán las nuevas tarifas ni los criterios específicos para acceder a los subsidios, los cuales, según indicó, serán desarrollados mediante el reglamento de la reforma.

La normativa crea además una Superintendencia especializada que supervisará la prestación del servicio eléctrico, los procesos de autogeneración, el régimen tarifario y la participación de los operadores privados, con el propósito de garantizar que estas actividades no perjudiquen el Sistema Eléctrico Nacional.

«Se crea una superintendencia, que es una superintendencia especial que va a atender todos los elementos relacionados a la prestación del servicio, al proceso de autogeneración, al proceso de tarifas correspondientes», explicó.

Rodríguez sostuvo que la apertura al sector privado busca fortalecer la capacidad de suministro, especialmente para atender la demanda de industrias y grandes consumidores, mientras el Estado concentrará sus esfuerzos en mejorar el servicio destinado a la población.

Durante la sesión ordinaria, la Asamblea Nacional también aprobó disposiciones que establecen penas de prisión de dos o más años para quienes hurten energía eléctrica con fines de lucro y de dos a cinco años para el hurto de equipos o instalaciones utilizados para la prestación y medición del servicio.

Asimismo, entre las disposiciones transitorias se establece que la operadora estatal deberá ejecutar, en un plazo de cinco años desde la publicación de la ley, un programa para normalizar los contratos de usuarios que aún no hayan formalizado el servicio. También fija un período máximo de dos años para actualizar los datos de los usuarios y concede al Ejecutivo nacional hasta un año para constituir el fondo destinado al financiamiento de los subsidios eléctricos.

El instrumento legal está integrado por 119 artículos, nueve disposiciones transitorias y una disposición final única. Tras su aprobación en segunda discusión, será remitido al Ejecutivo nacional para su promulgación y posterior publicación en Gaceta Oficial.

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