Al menos 1.200 hombres y más de 100 mujeres privadas de libertad del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) iniciaron este domingo una huelga de hambre, en medio de denuncias de presuntos malos tratos, restricciones internas y un despliegue de fuerzas de seguridad dentro y fuera del penal, según organizaciones no gubernamentales.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que la protesta comenzó luego de que los reclusos cantaran el Himno Nacional y posteriormente tomaran distintas áreas del centro penitenciario. Según la organización, los internos se ubicaron en zonas elevadas del recinto y han mantenido la exigencia de ser escuchados por las autoridades.

De acuerdo con el OVP, los detenidos denuncian presuntos golpes, restricciones de alimentos, suspensión de visitas familiares y el uso de gases lacrimógenos durante la intervención de funcionarios. La organización también reportó que en videos difundidos desde el interior del penal se observan detonaciones y reclusos con heridas visibles, aunque estas imágenes no han sido verificadas de forma independiente.

La ONG Caleidoscopio Humano indicó que los hechos se producen tras la designación de un nuevo director del penal, identificado como Elvis Macuare Guerrero, a quien los internos responsabilizan de presuntos abusos. En sus denuncias, difundidas en redes sociales, también se señala la presencia de personas privadas de libertad catalogadas como presos comunes y presos políticos dentro del mismo recinto.

En las afueras del penal, familiares de los reclusos permanecen sin información oficial sobre la situación interna, mientras se reporta la llegada de contingentes militares y funcionarios de distintos cuerpos de seguridad.

La organización Provea solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, al advertir la necesidad de garantizar la integridad de las personas privadas de libertad y activar investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos.

“Exigimos al Ministerio Público y a la Defensoría su actuación inmediata para resguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad”, señaló Provea. El Observatorio Venezolano de Prisiones cuestionó la ausencia de respuesta institucional ante la situación: “¿Dónde están las autoridades de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público?”, publicó la ONG.

Hasta el momento, no existe una versión oficial unificada de las autoridades penitenciarias sobre el alcance de la protesta ni sobre posibles heridos. Las organizaciones civiles sostienen que la situación continúa en desarrollo.

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