Los constantes cortes y fluctuaciones del servicio eléctrico están reduciendo la productividad, elevando los costos operativos y afectando las ventas de empresas en distintas regiones del país, según han coincidido dirigentes de Fedecámaras y representantes de cámaras empresariales, quienes advierten que la inestabilidad del suministro se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la actividad económica.
El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, ha señalado que las deficiencias del sistema eléctrico limitan el crecimiento del sector productivo, al afectar la operatividad de las empresas y condicionar nuevas inversiones. En la misma línea, la primera vicepresidenta del gremio, Tiziana Polesel, sostuvo que la problemática alcanza a la mayoría de las empresas del país y planteó la necesidad de impulsar reformas que amplíen las posibilidades de autogeneración eléctrica.
Ese diagnóstico nacional encuentra respaldo en los reportes que distintas cámaras empresariales han presentado desde varias regiones del país, donde coinciden en que las interrupciones del servicio han incrementado los costos de operación y reducido la capacidad productiva de las empresas.
En el estado Falcón, el presidente de la Cámara Comercial, Industrial y Agrícola del estado Falcón (CICAF), José Ávila, informó durante una entrevista en el programa A Tiempo, de Unión Radio, que un instrumento aplicado por el gremio entre empresas afiliadas y colaboradores reveló que 80 % reportó una caída en sus ventas como consecuencia de las fallas eléctricas.
Según explicó, las disminuciones oscilaron entre 20 % y 70 %, mientras que algunos establecimientos del sector salud registraron reducciones de hasta 80 %. Añadió que solo entre 35 % y 38 % de las empresas cuenta con sistemas propios de autogeneración, por lo que buena parte del sector depende por completo del suministro eléctrico para mantener sus operaciones.
Ávila indicó que las compañías que disponen de plantas eléctricas deben asumir gastos adicionales en combustible, mantenimiento y repuestos, lo que incrementa sus costos operativos entre 16 % y 33 % del presupuesto. Advirtió además que el impacto resulta especialmente crítico para el sector salud, donde la continuidad del servicio es indispensable para mantener operativos equipos médicos y áreas quirúrgicas.
En Portuguesa, la Cámara de Comercio e Industria de Acarigua-Araure (CCIAA) también expresó su preocupación por la situación del sistema eléctrico. En una carta abierta dirigida a Corpoelec, el gremio advirtió que las fluctuaciones de voltaje y las interrupciones del servicio han ocasionado daños en equipos, sistemas de refrigeración, ascensores y bombas de agua, además de obligar a numerosas empresas a operar con plantas eléctricas, incrementando los costos asociados al consumo de combustible y al mantenimiento.
La preocupación del sector empresarial en la entidad coincide con recientes afectaciones registradas en Acarigua, donde establecimientos comerciales permanecieron varios días sin servicio eléctrico, mientras el Ejecutivo nacional anunció la próxima puesta en funcionamiento de la Subestación Portuguesa 400, una infraestructura destinada a fortalecer el sistema eléctrico del estado.
En el estado Zulia, dirigentes de Fedecámaras regional también han advertido que las fallas del servicio obligan a las empresas a incrementar sus gastos en autogeneración, combustible y mantenimiento para sostener sus operaciones, una situación que, según el gremio, reduce la competitividad del sector privado.
Un diagnóstico similar ha sido expuesto por representantes empresariales de Nueva Esparta, quienes sostienen que la necesidad de recurrir a plantas eléctricas para mantener en funcionamiento comercios e industrias ha elevado significativamente la estructura de costos de las empresas de la entidad.
Aunque los efectos varían entre regiones, los distintos pronunciamientos de Fedecámaras y de cámaras empresariales coinciden en un mismo diagnóstico: la inestabilidad del servicio eléctrico está afectando la operatividad del comercio y de la industria, incrementando los costos de funcionamiento y limitando la capacidad productiva de las empresas venezolanas.
