La Defensoría del Pueblo informó este lunes que desplegó una comisión en el Internado Judicial de Barinas (INJUBA) para verificar la situación de los privados de libertad, luego de las protestas registradas desde el domingo en ese centro penitenciario.
La institución indicó en un comunicado difundido en redes sociales que funcionarios acudieron al penal para constatar la integridad física de los reclusos y escuchar sus demandas “a fin de contribuir a la resolución pacífica del conflicto”.
La Defensoría señaló que la actuación forma parte de sus atribuciones constitucionales como garante de los derechos humanos de la población penitenciaria y aseguró que mantendrá labores de acompañamiento y mediación.
Las protestas comenzaron el 24 de mayo, cuando internos denunciaron presuntos malos tratos, restricciones de visitas y requisas violentas dentro del penal. Organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), reportaron además denuncias sobre disparos, uso de gases lacrimógenos y supuestas torturas contra reclusos.
El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación y designó a la Fiscalía cuadragésima novena nacional con competencia en derechos humanos para esclarecer lo ocurrido. Según el organismo, fiscales se trasladaron al recinto para mediar en la situación.
Autoridades regionales confirmaron además la destitución del director del penal, Elvis Macuare Guerrero, mientras continúan las mesas de diálogo entre familiares de los internos y representantes de las autoridades.
