Un tribunal federal de Nueva York fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra Nicolás Maduro, acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de cuatro delitos relacionados con presunto narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armamento de guerra. El calendario procesal fue aprobado este miércoles por el juez federal Alvin Hellerstein durante una audiencia dedicada exclusivamente a cuestiones previas al juicio. De ser declarado culpable por un jurado, Maduro podría enfrentar una condena de cadena perpetua.
La audiencia, que se prolongó durante unos 18 minutos, sirvió para confirmar el cronograma acordado por la Fiscalía y la defensa para la presentación de las mociones que ambas partes plantearán antes del inicio del debate oral. No se abordaron aspectos de fondo del caso.
Maduro compareció junto con su esposa, Cilia Flores, quien también enfrenta cargos en el mismo expediente. Durante la sesión permaneció en silencio, escuchó la traducción mediante auriculares y siguió las intervenciones de sus abogados. Antes de ingresar a la sala saludó brevemente y, al concluir la audiencia, conversó con su equipo de defensa antes de retirarse. En esta oportunidad fue observado caminando con normalidad, sin la cojera que había mostrado en comparecencias anteriores.
La Fiscalía estadounidense imputa a Maduro cuatro cargos: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Según el escrito acusatorio, la presunta organización combinó el tráfico internacional de cocaína con el uso de armamento de guerra para proteger sus operaciones ilícitas.
De acuerdo con la acusación, Maduro habría integrado una estructura que coordinó durante años el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense mediante distintas rutas de transporte. Los fiscales sostienen que los cargamentos eran trasladados en lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, buques portacontenedores y aeronaves que despegaban desde pistas clandestinas.
El expediente también señala que organizaciones dedicadas al tráfico de drogas operaron con el apoyo de funcionarios venezolanos y bajo la protección de instituciones estatales. Además, sostiene que miembros de organismos de seguridad y otros altos funcionarios facilitaron el traslado de los cargamentos, mientras organizaciones criminales internacionales recibieron respaldo logístico para mantener esas operaciones. Según la Fiscalía, parte de las ganancias obtenidas benefició a integrantes de la estructura investigada.
En uno de los pasajes de la acusación, los fiscales sostienen que Maduro permitió que “la corrupción alimentada por cocaína floreciera para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.
La causa también incorpora señalamientos sobre presuntos secuestros, golpizas y asesinatos que, según la Fiscalía, fueron cometidos para proteger la organización y resolver conflictos económicos relacionados con las operaciones de tráfico de drogas o neutralizar a quienes amenazaban su funcionamiento. Entre los episodios incluidos en el expediente figura el asesinato de un presunto jefe del narcotráfico en Caracas, que los investigadores vinculan con la actividad de la presunta organización criminal.
Durante su primera comparecencia judicial, celebrada en enero, Maduro rechazó las acusaciones y se declaró inocente. “No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, afirmó entonces ante el tribunal.
Cilia Flores enfrenta tres cargos federales. La Fiscalía sostiene que recibió sobornos para facilitar reuniones entre un importante narcotraficante y funcionarios venezolanos encargados del combate al narcotráfico. Según la acusación, esos acuerdos permitían garantizar el paso seguro de vuelos cargados con cocaína a cambio de pagos periódicos destinados a funcionarios y otros integrantes de la estructura investigada.
El expediente también recuerda que dos sobrinos de Flores fueron condenados en Estados Unidos por conspirar para enviar cocaína a ese país tras una investigación iniciada en 2015.
Durante la audiencia de este miércoles, el abogado Barry Pollack informó que la primera estrategia de la defensa será solicitar que el tribunal desestime el proceso al alegar inmunidad soberana, cuestión que deberá resolverse antes de que el caso avance hacia el juicio. Pollack también ha cuestionado el operativo mediante el cual Maduro fue trasladado a Estados Unidos y anteriormente calificó su captura como un “secuestro militar”.
Mientras el tribunal resuelve las mociones previas que presentarán ambas partes en los próximos meses, Maduro y Flores permanecerán detenidos en una prisión federal de Brooklyn. Ninguno de los dos ha solicitado la libertad bajo fianza y continuarán bajo custodia hasta el inicio del juicio programado para el 1 de junio de 2027.
