La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió este miércoles la derogación inmediata de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la normativa.
En un comunicado, la alianza rechazó la propuesta al considerar que la legislación ha sido utilizada para “perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes”, además de “silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales”.
La PUD sostuvo que una modificación parcial no resolvería lo que considera el problema de fondo. “No necesita una versión corregida de una herramienta de persecución”, afirmó la alianza, sino “desmontar el marco jurídico que ha permitido utilizar al Estado contra quienes piensan, opinan o disienten”.
La organización también cuestionó las disposiciones de la norma relacionadas con las libertades civiles y políticas. “La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución. No se reforma la represión: se desmonta”, señaló.
La posición de la PUD se produce después de los pronunciamientos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), que también pidieron derogar la legislación.
El SNTP advirtió que eliminar las penas de prisión previstas en la ley sería un avance, pero consideró insuficiente una reforma parcial si permanecen mecanismos que permiten revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos.
El sindicato señaló específicamente las disposiciones contempladas en los artículos 20 y 22. Según el SNTP, el artículo 20 establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes promuevan o inciten al odio, mientras que el artículo 22 contempla sanciones para medios de comunicación, entre ellas la revocatoria de concesiones y el bloqueo de portales bajo determinadas condiciones.
“Estas no son penas de cárcel, pero sus consecuencias para la libertad de expresión son igualmente graves”, sostuvo el SNTP.
El CNP también reiteró que la Ley contra el Odio debe ser derogada. A través de su cuenta en X, el gremio cuestionó el carácter “punitivo y discrecional” de la normativa y afirmó que esta viola derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión.
Rodríguez solicitó el martes 29 de septiembre ante la Asamblea Nacional una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. De acuerdo con su planteamiento, la iniciativa busca avanzar en la despenalización de algunas conductas previstas en la norma, corregir desviaciones producidas durante su aplicación y abrir “nuevos espacios de reencuentro entre los venezolanos” para promover la tolerancia a la diversidad.
La propuesta también fue presentada por Rodríguez como parte de una iniciativa para transformar el sistema de justicia en Venezuela.
Para la PUD, la derogación de la ley debe formar parte de la restitución de las libertades civiles y políticas y de las garantías democráticas en Venezuela.
