La respuesta del Estado venezolano al doble terremoto del 24 de junio fue insuficiente durante las primeras 72 horas, el período considerado crítico para rescatar sobrevivientes bajo los escombros, según concluye el informe técnico “La insuficiente respuesta estatal: el desastre ocurrió antes del terremoto”, presentado por Transparencia Venezuela en el Exilio. La organización atribuye esa situación a deficiencias institucionales previas, una movilización lenta de recursos y una limitada capacidad nacional de búsqueda y rescate urbano especializado (USAR).
La evaluación compara la actuación oficial con estándares internacionales como INSARAG, Sphere y el Marco de Sendai, además de experiencias registradas en terremotos de Turquía-Siria, Japón, Chile, Haití y China. Para medir la capacidad de respuesta utiliza el Índice de Brecha de Despliegue (IBD), un indicador que evalúa la velocidad con la que un Estado moviliza sus recursos durante una emergencia. El documento sostiene que la principal brecha ocurrió dentro de las primeras 72 horas posteriores al sismo, cuando aumenta la probabilidad de rescatar personas con vida.
Durante las primeras 24 horas del desastre fueron movilizados 4.000 efectivos civiles y militares, equivalentes al 12,6% del máximo despliegue alcanzado posteriormente. A las 48 horas la cifra representaba el 34,6% del total, mientras que el pico de 31.837 funcionarios se registró el día 18 de la emergencia. El informe compara esos tiempos con los de otros países analizados y concluye que los Estados con mayor capacidad de respuesta concentran la mayor parte de su despliegue dentro de los tres primeros días posteriores al terremoto.
El documento dedica un apartado al rescate en La Guaira para evaluar la capacidad de respuesta especializada. De las 19.861 personas que sobrevivieron, entre 13.400 y 13.500 lograron ponerse a salvo por autoevacuación, mientras otras 6.462 fueron rescatadas por equipos de emergencia. Según la organización, alrededor del 83% de los rescates con vida realizados por brigadas ocurrió durante las primeras 48 horas, antes de que el componente internacional estuviera plenamente desplegado.
Los primeros equipos USAR de El Salvador, México y República Dominicana llegaron el 26 de junio. Para el día siguiente, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) reportaba unos 27 equipos especializados, más de 2.200 rescatistas y 140 perros de búsqueda. El informe sostiene que, para ese momento, la mayoría de los rescates con vida ya se había producido y concluye que el componente especializado dependió principalmente de la asistencia internacional.
Las diferencias entre las cifras oficiales y otras estimaciones también forman parte del análisis. Mientras el balance oficial reportó 856 edificaciones afectadas, el informe incorpora estimaciones independientes obtenidas mediante imágenes satelitales y modelos geoespaciales que ubican el número de estructuras dañadas entre 1.054 y aproximadamente 58.870, según la metodología empleada. Transparencia Venezuela aclara que varias de esas estimaciones son preliminares o experimentales y no han sido verificadas completamente en terreno.
La evaluación también identifica inconsistencias en los registros oficiales sobre la población afectada. El documento incorpora reportes ciudadanos que situaban entre 46.000 y 54.000 las personas cuyo paradero era desconocido durante la emergencia, pero precisa que esos datos no constituyen un registro oficial de desaparecidos y los presenta como un rango de incertidumbre. Asimismo, señala variaciones en las cifras oficiales de damnificados y diferencias en los reportes sobre el número de funcionarios desplegados durante los primeros días de la respuesta.
Para la organización, esas deficiencias reflejan problemas estructurales previos al terremoto. El informe menciona la posición de Venezuela en el Índice de Percepción de la Corrupción, el funcionamiento del sistema hospitalario con una capacidad quirúrgica estimada en 40%, la reducción de la red de monitoreo sísmico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y la falta de evidencia pública sobre la disponibilidad operativa de parte de la flota aérea de transporte pesado del Estado.
El documento también destaca que parte de la respuesta fue asumida por organismos internacionales, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. Entre las acciones reseñadas figuran el despliegue de hospitales de campaña, el suministro de equipos de rescate, la remoción de escombros, la instalación de centros de acopio y el desarrollo de plataformas ciudadanas para coordinar ayuda humanitaria, verificar información y registrar personas desaparecidas.
Respecto a la etapa de reconstrucción, Transparencia Venezuela advierte que el mayor riesgo de corrupción podría presentarse durante los próximos años, cuando disminuya la atención pública sobre la emergencia. El informe estima que los daños podrían superar los 37.000 millones de dólares y propone aplicar la Prioridad 2 del Marco de Sendai mediante la publicación de registros auditables de fondos y ayudas, mecanismos de supervisión con participación de la sociedad civil y organismos multilaterales, y cláusulas de transparencia en los convenios relacionados con la reconstrucción.
